Tras hacerse público dicho auto, que ha finalizado con 16
imputaciones, la Federación vecinal ha emitido un comunicado en el que manifiesta
su “consternación por la situación en que queda la ciudad”.
Recuerda que entre los imputados figuran José Antonio García
de Coca, exconcejal de Urbanismo; Valentín Merino Estrada, secretario general
del Ayuntamiento; Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita Gervás, arquitectos
municipales, José Luis Barca Sebastián, exjefe de la Asesoría Jurídica
municipal y Luis Ángel Lavín Deza, letrado municipal.
Se trata, afirma la Federación, de “imputaciones de una
gravedad extrema, dadas las altas responsabilidades municipales de cada uno de
ellos” y “revelan la dimensión de la participación desde distancias áreas del
Ayuntamiento en estas alteraciones que, según el auto, podrían suponer delitos
de falsedad, delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación,
cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios”.
Este auto, apunta, “supone la consideración de mucha
probabilidad de que en el seno del Ayuntamiento se alteraron artículos de la
norma urbanística básica en beneficio de intereses privados, por parte de
técnicos y representantes políticos”, por lo que, a su juicio, “la dignidad de
Valladolid ha sido expoliada en el seno del Ayuntamiento”.
La Federación recuerda que fue ella la que, en su recurso
general contra el PGOU en marzo de 2008, detectó las primeras alteraciones de
artículos que derivaron en su anulación .
En concreto, en el recurso contencioso-administrativo 1588
de 2004 interpuesto por la Federación Vecinal se anulan los artículos 66.1, 346
y 423.2.a)l), únicos artículos que se pusieron como ejemplo de discrepancia
entre el texto aprobado y el finalmente publicado como un elemento más de un
recurso dirigido a impugnar la totalidad del Plan General.
Y además fue la Federación la que se personó en este
procedimiento judicial “ante la pasividad del Ayuntamiento, que ni constituyó
comisión de investigación interna alguna, ni abrió expedientes sancionadores a
nadie, ni actuó judicialmente”, señala el comunicado del colectivo vecinal, que
se personó en la causa “con un enorme esfuerzo de recaudación económica, pues
las fianzas solicitadas hubieron de ser solicitadas a particulares, dada su
cuantía”.
Lamentablemente, indica, “una vez más en esta ciudad fueron
las entidades vecinales quienes tomaron las riendas de la defensa de la
legalidad en la ciudad actuando en los Tribunales de Justicia frente a tamaño
despropósito ante la inactividad más absoluta de las administraciones”.
“Es evidente que las alteraciones se han producido en algún
momento del procedimiento administrativo y el auto conocido señala que está
mínimamente acreditado que se haya podido intervenir voluntariamente para
provocar las modificaciones siempre a favor de intereses de empresas
constructoras y nunca en beneficio del interés general”, significa la Federación.
Y añade en el comunicado: “Tratándose de la norma más
importante de Valladolid en materia de urbanismo; suponiendo una grave lesión
al propio funcionamiento democrático, pues lo votado por los elegidos por los
vecinos no es lo finalmente aplicado (y generándose ahora una responsabilidad
patrimonial respecto de los constructores beneficiados); ante una reprobable
pasividad municipal, que ni investiga internamente lo ocurrido, ni se persona
en el procedimiento; y ante las imputaciones de técnicos y políticos conocidas
hoy, la Federación espera responsabilidades políticas, espera dimisiones”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario