En concreto, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en
el Ayuntamiento de Valladolid, Javier Izquierdo, ha calificado el asunto como
“el mayor caso de corrupción urbanística que se ha producido en Valladolid” y
reclamó la dimisión del alcalde, Javier León de la Riva.
Tras darse a conocer “cuesta creer que el alcalde no sabía
nada, pero a mayores, si no lo sabía, demuestra que no sabe dónde tiene la mano
derecha y dónde la izquierda, y así no se puede seguir al frente de un
Ayuntamiento”.
“Estamos obviamente ante una auténtica trama orquestada a
nivel municipal, que ha promovido alteraciones subrepticias para beneficiar a
particulares, tal y como ya han destacado los tribunales en decisiones
anteriores durante estos cinco años, y de la que forman parte todos los
ingredientes de la corrupción urbanística: técnicos, políticos y empresarios de
la construcción”, según Izquierdo.
Izquierdo recuerda que en este asunto, es fundamental
distinguir dos momentos, primero, la manipulación en sí que el PSOE denunció en
2008 y otro posterior que consistió en “intentar encubrir esos cambios mediante
una corrección de errores que, según hoy se comprueba, tenía tintes
delictivos”.
En opinión de Izquierdo, esa “mal llamada corrección de
errores arrancó en una rueda de prensa que dio el alcalde, Javier León de la
Riva, con el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio
Silván, en la que se anunciaba la adopción de esa medida cuando no existía
informe jurídico alguno que indicara la necesidad de hacerlo, lo que demuestra
que fue una decisión política”.
“Esto pone de manifiesto”, concluye, “que bajo el mandato de
León de la Riva se han producido tremendas irregularidades urbanísticas, se han
realizado cambios antidemocráticos a espaldas del pleno municipal, se ha
imputado a un concejal y se ha producido una corrección de errores que
pretendía tapar la manipulación, y todo ello obliga a su inmediata dimisión”.
Por su parte, IU ha pedido “explicaciones urgentes” al alcalde
y ha reclamado la asunción de responsabilidades políticas, toda vez que el
procesamiento del anterior concejal de Urbanismo y la imputación del Secretario
General (la máxima autoridad administrativa), junto a varios técnicos de los
servicios jurídicos y urbanísticos, “no sólo no puede minimizarse, sino que
ofrece un panorama desolador que afecta negativamente al funcionamiento
municipal y muy gravemente a la confianza en la institución”.
Según IU, “cuando más falta hace una institución fuerte,
cuando es más necesaria que nunca la seguridad en la administración pública,
nos encontramos en Valladolid con un escenario absolutamente frágil y que no
ofrece confianza a la ciudadanía”.
IU asegura respetar la presunción de inocencia de los
imputados, “pero de cada uno de ellos, y no del conjunto, pues de acuerdo con
el auto hecho público, queda claro que la manipulación del PGOU no ha sido un
hecho fortuito”.
En opinión de IU, “no parece advertirse ningún propósito de
cambiar la forma de funcionar para reducir las posibilidades de que hechos como
los juzgados, o similares, se repitan” y recuerda en este sentido que “el PP
rechazó en el pleno municipal las medidas que propuso IU para aumentar el
control en las actuaciones urbanísticas y de contratación”.
Junto a ello, añade, “en el proceso de redacción del nuevo
PGOU se está actuando, de nuevo, con oscurantismo y desprecio a la participación,
ocultando informes esenciales, trabajando de la mano de los grandes promotores
y propietarios de suelo y evitando al máximo la mejora del control público del
cumplimiento de los contratos y la legislación”.
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