En el comunicado que ha difundido, la Federación recuerda que dicho auto imputa por las alteraciones del PGOU, entre otras personas y empresas, al secretario del Ayuntamiento, a la cabeza de la asesoría jurídica, a altos técnicos de la Concejalía de urbanismo, a todo un concejal de urbanismo, “sin que el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, haya asumido hasta el momento la más mínima responsabilidad política”.
En el último pleno municipal, la Federación invitó al
alcalde de Valladolid “a asumir su responsabilidad política en este asunto” al
estar en juego “la dignidad de la ciudad de Valladolid” ya que las alteraciones
de “la primera norma que organiza urbanísticamente la ciudad” se han hecho de
modo “voluntario y finalista” perjudicando los intereses generales de la ciudad
“que el alcalde juró defender y han supuesto un atropello al Pleno municipal,
el órgano de representación democrática de todos los vecinos y vecinas de
Valladolid”.
Ahora, las asociaciones vecinales han dado un paso más, y
como adelantó la Federación en un comunicado el pasado 31 de julio, ha sometido
a acuerdo de su Junta Directiva la exigencia de dimisión al alcalde León de la
Riva resultando aprobada esta propuesta por unanimidad.
“Las imputaciones recogidas en el auto judicial son de una
gravedad extrema dada la altas responsabilidades municipales de cada uno de
ellos y revelan la dimensión de la participación desde distancias áreas del
Ayuntamiento en estas alteraciones que, según el auto, podrían suponer delitos
de falsedad, delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación,
cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios”, reza
el comunicado.
Y añade: “Es racionalmente insostenible que el alcalde no
supiera nada de las alteraciones del PGOU porque todo el mundo en esta ciudad
sabe quién decide todo, porque el alcalde mismo se ha jactado de ello en
numerosas ocasiones y porque lo hemos visto en directo: sus concejales no
deciden ni en las cosas más nimias sin tener su visto bueno”. “Si no lo sabía”,
prosigue, “debería dimitir por no haberse enterado de nada a pesar de tener la
más alta responsabilidad municipal y ser el máximo responsable político”.
Las asociaciones vecinales también encuentran razones para
exigir la dimisión de León de la Riva por “mantener hasta la saciedad que todo
se ha tratado de errores”, “no acceder a investigar lo ocurrido constituyendo
una comisión de investigación”, “no personarse en el procedimiento penal para
verificar quien ha lesionado gravemente los intereses de los vecinos
vallisoletanos”, “por dejar al pié de los caballos con sus declaraciones
judiciales a técnicos y funcionarios municipales”, por “perjudicar
económicamente” a los vecinos por las indemnizaciones a pagar a particulares,
y, como se ha dicho, “por burlar la soberanía del pleno municipal”.
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